Cuando se discute sobre "bajar la edad de imputabilidad" suele aludirse, en última instancia, a la edad a la que debería considerarse "adultos" a los infractores de la ley (porque la discusión suele estar desconectada de la edad a la que debería considerarse adultos a los ciudadanos a otros efectos --por ejemplo, para tener derecho a elegir autoridades políticas, adquirir legítimamente bebidas alcoholicas, etc.).
En ese sentido, puede ser util considerar la tendencia reciente en los Estados Unidos, la cual refleja experiencias y análisis acumulados (o sea, de alguna forma se basa en
evidencias). La siguiente nota, publicada en el New York Times
el pasado 5 de marzo, aporta entonces elementos útiles para debates que tienen lugar hoy en Uruguay:
(Traducción propia, casi total, del artículo)
Una generación después que niveles record de criminalidad juvenil desencadenaran un movimiento nacional para juzgar más adolescentes como adultos, un consenso está emergiendo que muchos delincuentes juveniles han sido manejados inadecuadamente por el sistema de justicia para adultos.
El año pasado, Connecticut dejó de tratar a todos los acusados de 16 años como adultos, y el año que viene hará lo mismo con los de 17 años. Illinois recientemente transfirió algunos delincuentes de baja peligrosidad, menores de 18, al sistema para menores. Y en enero, legisladores en Massachusetts introdujeron una ley para elevar la mayoría de edad en materia criminal, y sus colegas en Wisconsin y Carolina del Norte planean hacer lo mismo.
A fines de año, Nueva York podría ser el único estado donde la adultez, en cuestiones criminales, comienza al cumplir 16 años.
Los cambios siguen a estudios que concluyeron que adolscentes mayores difieren significativamente de los adultos, en su capacidad de tomar decisiones sensatas, y se benefician más de sistemas enfocados en el tratamiento más que en el encarcelamiento.
Un informe de 2010 de la comisión judicial de menores al gobernador, James E. Doyle, y a la Legislatura, encontró que “para muchos, sino la mayoría de los delincuentes jóvenes, el sistema judicial de menores es más capaz de reorientar su comportamiento”, en gran prate por la mayor disponibilidad de servicios sociales.
La mayoría de los estudios señalaron una decisión de 2005 de la Suprema Corte de los Estados Unidos, en el caso de Roper vs. Simmons, que hizo ilegal la pena de muerte para acusados menores de 18 años al momento de cometer sus crímenes, debido a “las diferencias generales” que los distinguen de los adultos –una carencia de madurez, mayor susceptibilidad a la presión de pares, y un carácter menos desarrollado.
Es más caro juzgar un acusado en una corte de menores, y los opositores a los cambios cuestionan esos costos en momentos que los estados enfrentan profundos déficits fiscales. En la cámara de Representantes de New Hampshire, los legisladores votaron abrumadoramente en 2008 por elevar la edad a la que los adolescentes son considerados adultos, de 17 a 18, pero la ley fracasó en el comité de hacienda por los costos proyectados.
En Carolina del Norte, donde las propuestas han fracasado en las últimas dos legislaturas, la discusión ha sido en gran medida sobre dinero. “No tiene sentido tomar un sistema que todos los expertos consideran que no tiene recursos para hacerse cargo de los niños, y entonces agregarle dos grupos de edad adicionales”, dijo Edmond W. Caldwell Jr., vicepresidente y asesor general de la Asociación de Comisarios de Carolina del Norte, quien se opuso a la legislación para mandar a los jóvenes de 16 y 17 años a la justicia de menores.
Un análisis del Instituto Vera de Justicia, un grupo sobre justicia penal que ha promovido alternativas a la prisión, encontró que transfiriendo alrededor de 31 mil menores de 16 y 17 años al sistema de menores de Carolina del Norte costaría aproximadamente 71 millones de dólares anuales, pero generaría 123 millones anuales por año en beneficios, asumiendo que habrían menos arrestos en el largo plazo, y menos gente en las cárceles y prisiones.
Cada estado mantiene un sistema de justicia y detención para menores y otro para adultos. El sistema de menores generalmente tiene mayores relaciones empleados/detenidos, y programas que se enfocan en el tratamiento y la rehabilitación. Los antecedentes de la justicia de menores son confidenciales, haciéndole más facil a los jóvenes que no cometen delitos como adultos conseguir trabajo, postular a viviendas subsidiadas y recibir ayuda financiera para la universidad.
Treinta y siete estados, el Distrito de Columbia y el gobierno federal ya han fijado la edad de responsabilidad criminal adulta en 18 años. Once estados han fijado la edad en 17. Nueva York y Carolina del Norte son los únicos que fijan la edad a los 16.
En 2008, el año de la más reciente estimación por parte del Departamento de Justicia, las agencias de seguridad hicieron alrededor de 2.1 millones de arrestos de jóvenes menores de 18 años, y la mayoría de esos casos involucraban a menores de 16 y 17 años. Los datos también muestran una drástica reducción de los arrestos desde mitad de los 1990s: habían alrededor de 2.9 millones de arrestos de ese tipo en 1996, cuando la población menor de 18 era más chica que la actual.
A pesar de una larga historia de políticas “liberales” en el sistema judicial de Nueva York, muchos aspectos del sistema subsisten desde la época en que la delincuencia expulsó gente hacia los suburbios y aún más lejos.
Nueva York lideró el cambio hacia el mayor castigo a los menores, después que un menor de 15 años llamado Willie Bosket disparó y mató a dos personas en el subte en 1978. Bosket recibió una condena de 5 años, el máximo para un menor, provocando la furia pública. Los legisladores rápidamente aprobaron la Ley de Menores Infractores, que redujo la edad para ser juzgado como adulto a 13 años en todos los casos de homicidio, y 14 para otros delitos mayores; la edad fue mantenida en 16 para otros delitos.
En las dos décadas siguientes, casi todos los estados y el Distrito de Columbia aprobaron leyes que incrementaron el número de menores infractores que podrían ser enviados a juzgados de adultos, ya sea reduciendo la edad de responsabilidad criminal o aumentando el número de delitos por los que los menores pueden ser juzgados como adultos, con la mayoría de los cambios registrados en los 1990s.
Aún cuando la tendencia está siendo revertida, todos los estados mantienen la capacidad de juzgar menores especialmente violentos como adultos, en algunos casos sin límite mínimo de edad. Pero esos casos constituyen una fracción minúscula del total de casos de menores en el país en conjunto. En 2007, hubieron menos de 9 mil casos de menores que fueron transferidos a juzgados de adultos, de casi un millón de procesamientos de menores, según la estimación más reciente del Departamento de Justicia.
En Nueva York, donde 45.873 jóvenes de 16 y 17 años fueron arrestados el año pasado, proponentes de elevar la edad de responsabilidad criminal adulta han tratado de promover la cuestión en los últimos 2 meses. Asesores del Gobernador Andrew M Cuomo no respondieron inmediatamente a preguntas acerca de su postura sobre este tema.
En enero, un comité asesor del Gabinete de la Infancia, un grupo de funcionarios estaduales con responsabilidades en materia de menores, publicó un informe convocando a un grupo especial para estudiar el aumento de la edad.
Alrededor de esa fecha, miembros del comité de la niñez de la Asociación Legal de Nueva York (Bar Association) redactaron legislación para establecer ese grupo especial, y están buscando apoyo de legisladores y la oficina del gobernador. Michael A. Corriero, un juez retirado que encabeza el juzgado especial de Manhattan para infractores de 13 a 15 años que fueron juzgados como adultos, afirmó en una audiencia de un comité del Consejo de la Ciudad que el actual sistema no es efectivo.
(…)
Un caso el mes pasado en la justicia de adultos de Manhattan, referido a un jóven de 17 años que admitió haber hurtado de un comercio, ilustra los dilemas y costos involucrados. El juez le ofreció al adolescente una opción: un programa de tratamiento anti-drogas con internación, o una sentencia de uno a tres años en prisión. El juez había revisado una evaluación de un asistente social que detallaba una historia personal de robos menores, internaciones por problemas psiquiátricos, abuso de drogas y castigos del novio de su madre, pero ninguna sentencia que refiriera a violencia.
El jóven, que tenía 16 cuando robó prendas de vestir de una sucursal de Filene’s Basement y medicamentos para la gripe de Duane Reade, sopesó sus opciones. Sabía que el seguro de su madre no cubriría los seiscientos dólares del programa de rehabilitación. Pero si hubiera estado en un juzgado de menores, el juez podría haberle ordenado asistir al programa, con todos los costos pagos por los contribuyentes.
Eligió la prisión. “Porque no tengo Medicaid, el gobierno no iba a pagar por el programa”, dijo el joven desde un salón de video-conferencia en la prisión de Rikers Island. Habló a condición de que se mantuviera su anonimato, porque el juez estuvo de acuerdo en que el antecedente de su reclusión fuera confidencial.
“Este es un ejemplo doloros del problema con la ley actual, que literalmente pone esposas a jóvenes de 16 y 17 años tanto como a los jueces en juzgados penales”, dijo Steven Banks, abogado principal en la Sociedad de Asistencia Legal, que representó al jóven.
